5.1. Trabajo articulado en regiones
El Perú es un país diverso y multicultural, lleno de tradiciones y una amplia gama de recursos naturales, turísticos y culturales. Por ello, en línea con nuestros objetivos institucionales y de la mano con las cámaras de comercio y producción regionales, en 2021, trabajamos activamente en una agenda empresarial regional con los actores locales para impulsar el desarrollo descentralizado promoviendo entornos que permitan el crecimiento y logro empresarial, y la reducción de brechas sociales, económicas e institucionales.
Entre los ejes priorizados en la Agenda Empresarial Regional 2021, tenemos la atención al COVID-19, la reactivación económica y el desarrollo regional, el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones empresariales y otros actores locales.
Para avanzar con la agenda, se han activado diferentes líneas de trabajo, como los viajes regionales, los foros descentralizados «Diálogo y consensos», espacios para compartir visiones y análisis sobre la coyuntura nacional.
En la estrategia de articulación institucional, hubo exposiciones del Índice de Competitividad Regional (IPE), la estrategia del desarrollo de proyectos de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la presentación de los informes de eficacia del gasto en inversión pública de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), las actividades de inclusión financiera y articulación con pequeñas empresas a cargo de la Asociación Pyme Perú y de la Asbanc, la estrategia de mecanismos de vigilancia y comunicación del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), entre otros.
5.2. Coordinación parlamentaria
La Coordinación Parlamentaria de la CONFIEP tiene a su cargo la articulación con el Congreso de la República. Genera estrategias y sinergias con este poder el Estado y sus actores, para contribuir a la toma de decisiones y al manejo de asuntos públicos que afectan al sector privado y, en general, al desarrollo de nuestro país. Participa en la oportuna identificación de posibles riesgos transversales contenidos en los proyectos de ley con impacto en el marco regulatorio, normas laborales de carácter transversal, reforma constitucional y del marco legislativo nacional que pudieran afectar a los sectores económicos representados por los gremios asociados, desde la presentación de las iniciativas legislativas, su tramitación, debate y aprobación en las distintas comisiones, así como en el Pleno del Congreso de la República. Construye y alimenta una comunicación permanente con el Parlamento para facilitar una fluida relación entre instituciones.
Forma parte de la Gerencia Legal y da soporte a la organización contribuyendo con:
En este sentido, se elaboran estrategias integrales en el tratamiento de temas considerados como riesgos para la inversión privada y el sector empresarial, iniciativas que afectan el libre mercado, la libertad de empresa u otras garantías establecidas en el capítulo económico de la Constitución. La posible aprobación de estas puede producir sobrecostos y sobrerregulación, afectar el clima de negocios y particularmente. Así, se evade abordar una de las principales problemáticas en el país: conseguir la realización del tránsito hacia la formalidad de los más de 10 millones de peruanos que trabajan día a día en el ámbito informal, sin protección social.
Por ello, la Coordinación Parlamentaria es el nexo visible entre la CONFIEP y el Congreso de la República sirve como plataforma de articulación de las relaciones entre ambas instituciones. De igual manera, promueve la generación de espacios de diálogo y acerca la opinión de los gremios asociados en los distintos temas de interés del sector privado, generando vínculos de intercambio importante de información y data del sector privado a parlamentarios, asesores, secretarios técnicos, así como a coordinadores parlamentarios del Poder Ejecutivo.
Cabe resaltar que 2021 significó el final de un periodo parlamentario que se vio interrumpido por el cierre del Legislativo, lo que generó un Congreso con agenda anual que no mostraba mucha apertura al diálogo y a la participación del sector privado. Por otra parte, con la instauración del Congreso de la República 2021-2026, se aprobó una agenda legislativa anual con los temas de interés de las distintas agrupaciones políticas. En esta primera legislatura se promulgó la Ley 31362, sobre pago de factura MYPEs a 30 días, que la CONFIEP propuso como un mecanismo voluntario para regular el pago oportuno de facturas comerciales giradas por empresas del sector público y sector privado, con el fin de otorgar dinamismo a la economía, tan afectada con la pandemia, lo que beneficiaría a más 3,1 millones de MYPEs.
Asimismo, en 2021 emitimos opinión institucional respecto de las siguientes iniciativas legislativas, toda vez que su aprobación resultaba lesiva a los intereses del país, en la medida que no consideraban como centro a los ciudadanos:
5.3. Pacto Global de las Naciones Unidas
Durante más 17 años consecutivos, la CONFIEP ha mantenido una alianza estratégica con el Pacto Global de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad voluntaria más grande del mundo, mediante la cual la ONU hace un llamado a las empresas a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales que abordan temas como derechos humanos, laborales y de ambiente, además de lucha contra la corrupción.
Esta alianza se evidenció con el rol de Secretaría Técnica de la Red del Pacto Global en el Perú, lo que permitió sostener un mecanismo de trabajo y presentación de buenas prácticas empresariales en diferentes foros internacionales, así como participar en el debate de la agenda global de desarrollo.
A partir de 2022, el Pacto Global tendrá presencia directa en el país, operará bajo los lineamientos globales y en estrecha relación con el Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Coordinador Residente, representante del secretario general de la ONU en el Perú. La alianza de la CONFIEP con sus gremios asociados se mantendrá a través de las iniciativas colaborativas específicas.
En este periodo, se elaboraron guías sobre empresas y derechos humanos; «Negocios verdes en el Perú», aplicación de los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas; presentación de casos «Avances de empresas peruanas en la aplicación de los principios del Pacto Global», entre otros. Asimismo, la CONFIEP participó en foros latinoamericanos y globales en que se discutieron temas referidos a la conducta empresarial responsable, principios de actuación y posición empresarial hacia la formalización, el respeto de los derechos humanos, entre los principales.
A nivel nacional, participó en iniciativas colaborativas para promover la conducta empresarial responsable en el sector MYPE, y en alianza con asociaciones empresariales, regiones, MYPEs y universidades. También organizó el Cuarto Foro Empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, lo que permitió que Lima sea sede regional con presencia de aproximadamente 200 representantes y líderes de empresas, organismos internacionales y entidades de diez países de América Latina.
5.4. Incidencia internacional
5.5. Relacionamiento con organismos internacionales
5.6. Posicionamiento de la CONFIEP
Alineado a su propósito de «Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar», la CONFIEP promovió la defensa de la institucionalidad, de la paz social y de la imperiosa necesidad de que se genere confianza ante los momentos críticos que enfrenta el país. A través de comunicados, la CONFIEP, que mantuvo una postura principista de absoluta neutralidad en el último proceso electoral, saludó en su momento la elección de Pedro Castillo como presidente de la República. Expresó su disposición al diálogo constructivo y a trabajar unidos para alcanzar un crecimiento verdaderamente inclusivo y duradero en el país. A la vez se dejó sentado que, para resolver los problemas estructurales del Perú, si bien se requiere una serie de cambios y reformas, los mecanismos para hacerlo ya están contemplados en la Constitución vigente.
Transcurrido el tiempo y ante el discurso contradictorio del Gobierno, respecto a la promoción de la inversión privada, la CONFIEP alzó su voz de preocupación y de llamado de atención ante situaciones graves como la exclusión del sector privado del «Grupo de trabajo sectorial para el desarrollo del sector agrario y de riego», cuya conformación no consideró a todas las voces representativas de la cadena productiva del sector, lo que demostró la inconsistencia e incoherencia en los mensajes del Gobierno, que llamó al sector privado para trabajar en conjunto por el desarrollo del país y luego lo excluye.
El nombramiento de autoridades en puestos claves del Estado sin garantía de idoneidad, probidad y profesionalismo motivó también que la CONFIEP exigiera al Gobierno priorizar los intereses del país antes que a los particulares. Un caso fue la denuncia que, en EsSalud, institución donde la CONFIEP cuenta con representantes de la pequeña, mediana y gran empresa en el respectivo Consejo Directivo, no se estaban respetando las credenciales profesionales en la designación de algunos cargos. Así, se afectaba el derecho que tienen los asegurados a contar con un sistema de salud eficiente, más aún ante las graves consecuencias de la pandemia que va cobrando más de 200 mil vidas en el Perú.
Ante una seguidilla de acciones por parte del Gobierno en perjuicio de la inversión minera, la CONFIEP asumió una postura en defensa de la estabilidad jurídica y de la paz social. Una de ellas fue cuando el Gobierno justificó los actos de violencia que atentaron contra la propiedad privada y las mineras en Ayacucho, Áncash y otras regiones del país, donde se puso en riesgo la vida de miles de trabajadores, comuneros, y donde se causó graves daños a la propiedad privada y al medio ambiente.
Posteriormente, la CONFIEP se pronunció cuando la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, anunció el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en Ayacucho. A través de una conferencia de prensa con representantes del sector gremial y empresarial minero, se exigió a la importante funcionaria y al gobierno que se respete el Estado de derecho y rectifique los acuerdos ilegales del acta que suscribió en Cora-Cora, además de pedir al presidente de la República que sea consecuente con sus declaraciones de promover la inversión privada. En esta misma línea, se emitió un comunicado con otras organizaciones empresariales nacionales y regionales, para exhortar al Gobierno a mantener un discurso claro y deje de enfrentar a la población con las empresas.
Así también, en otra conferencia de prensa, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la empresa minera Las Bambas y la Cámara de Comercio de Apurímac expresaron su preocupación, tras conocerse que Las Bambas no podría continuar con la producción en su unidad minera, ya que las vías de acceso se mantenían bloqueadas a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, Cusco.
Poco antes de finalizar 2021, se conoció que el propio presidente de la República no estaba respetando las reglas de transparencia en su accionar, ante lo cual se emitió un comunicado entre organizaciones gremiales nacionales, regionales y binacionales, en el que se expuso claramente el rechazo a todo acto de corrupción en el país. Se solicitó al Ministerio Público y a otras autoridades competentes investigar con celeridad los indicios de corrupción que involucran a importantes funcionarios del Gobierno, así como la naturaleza de las reuniones del presidente de la República en una casa de Breña.
Semanas después, la CONFIEP se pronunció también en defensa de una educación de calidad para todos los peruanos, herramienta efectiva para reducir la desigualdad en el país y generar progreso para todos. Se demandó que el pleno del Congreso de la República archive las iniciativas legislativas que buscan vulnerar la mejora continua de la educación universitaria, así como cualquier otra que postergue los intereses del país y el futuro de las nuevas generaciones.
Alineado a su propósito de «Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar para todos», la CONFIEP promovió la defensa de la institucionalidad, de la paz social y de la imperiosa necesidad de que se genere confianza ante los momentos críticos que enfrenta el país.A través de comunicados, la CONFIEP, que mantuvo una postura principista de absoluta neutralidad en el último proceso electoral, saludó en su momento la elección de Pedro Castillo como presidente de la República. Expresó su disposición al diálogo constructivo y a trabajar unidos para alcanzar un crecimiento verdaderamente inclusivo y duradero en el país.
A la vez se dejó sentado que, para resolver los problemas estructurales del Perú, si bien se requiere una serie de cambios y reformas, los mecanismos para hacerlo ya están contemplados en la Constitución vigente. Transcurrido el tiempo y ante el discurso contradictorio del Gobierno, respecto a la promoción de la inversión privada, la CONFIEP alzó su voz de preocupación y de llamado de atención ante situaciones graves como la exclusión del sector privado del «Grupo de trabajo sectorial para el desarrollo del sector agrario y de riego», cuya conformación no consideró a todas las voces representativas de la cadena productiva del sector, lo que demostró la inconsistencia e incoherencia en los mensajes del Gobierno, que llamó al sector privado para trabajar en conjunto por el desarrollo del país y luego lo excluye.
El nombramiento de autoridades en puestos claves del Estado sin garantía de idoneidad, probidad y profesionalismo motivó también que la CONFIEP exigiera al Gobierno priorizar los intereses del país antes que a los particulares. Un caso fue la denuncia que, en EsSalud, institución donde la CONFIEP cuenta con representantes de la pequeña, mediana y gran empresa en el respectivo Consejo Directivo, no se estaban respetando las credenciales profesionales en la designación de algunos cargos. Así, se afectaba el derecho que tienen los asegurados a contar con un sistema de salud eficiente, más aún ante las graves consecuencias de la pandemia que va cobrando más de 200 mil vidas en el Perú.
Ante una seguidilla de acciones por parte del Gobierno en perjuicio de la inversión minera, la CONFIEP asumió una postura en defensa de la estabilidad jurídica y de la paz social. Una de ellas fue cuando el Gobierno justificó los actos de violencia que atentaron contra la propiedad privada y las mineras en Ayacucho, Áncash y otras regiones del país, donde se puso en riesgo la vida de miles de trabajadores, comuneros, y donde se causó graves daños a la propiedad privada y al medio ambiente.
Posteriormente, la CONFIEP se pronunció cuando la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, anunció el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en Ayacucho. A través de una conferencia de prensa con representantes del sector gremial y empresarial minero, se exigió a la importante funcionaria y al gobierno que se respete el Estado de derecho y rectifique los acuerdos ilegales del acta que suscribió en Cora-Cora, además de pedir al Presidente de la República que sea consecuente con sus declaraciones de promover la inversión privada. En esta misma línea, se emitió un comunicado con otras organizaciones empresariales nacionales y regionales, para exhortar al Gobierno a mantener un discurso claro y deje de enfrentar a la población con las empresas.
La CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la empresa minera Las Bambas y la Cámara de Comercio de Apurímac expresaron su preocupación, tras conocerse que Las Bambas no podría continuar con la producción en su unidad minera, ya que las vías de acceso se mantenían bloqueadas a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, Cusco. 16.12.2021
Así también, en otra conferencia de prensa, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la empresa minera Las Bambas y la Cámara de Comercio de Apurímac expresaron su preocupación, tras conocerse que Las Bambas no podría continuar con la producción en su unidad minera, ya que las vías de acceso se mantenían bloqueadas a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, Cusco.
Poco antes de finalizar 2021, se conoció que el propio presidente de la República no estaba respetando las reglas de transparencia en su accionar, ante lo cual se emitió un comunicado entre organizaciones gremiales nacionales, regionales y binacionales, en el que se expuso claramente el rechazo a todo acto de corrupción en el país. Se solicitó al Ministerio Público y a otras autoridades competentes investigar con celeridad los indicios de corrupción que involucran a importantes funcionarios del Gobierno, así como la naturaleza de las reuniones del presidente de la República en una casa de Breña. Semanas después, la CONFIEP se pronunció también en defensa de una educación de calidad para todos los peruanos, herramienta efectiva para reducir la desigualdad en el país y generar progreso para todos.
Se demandó que el pleno del Congreso de la República archive las iniciativas legislativas que buscan vulnerar la mejora continua de la educación universitaria, así como cualquier otra que postergue los intereses del país y el futuro de las nuevas generaciones.